(I) Breve reflexión sobre los viejos y nuevos autoritarismos (por Jan Doxrud)

(I) Breve reflexión sobre los viejos y nuevos autoritarismos (por Jan Doxrud)

Gobierno, régimen, Dictadura…¿qué sentido tienen estos conceptos en el siglo XXI? El concepto de "gobierno" tiene los siguientes significados de acuerdo al DLE:

A) Acción y efecto de gobernar o gobernarse.

B) Órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros.

En la Grecia clásica tenemos que Gobierno = régimen político =cargos públicos y quienes los ejercen, de manera que Gobierno = Poder Ejecutivo = Presidente  y  Ministros.  Así, el gobierno es el que se encarga  del  poder  ejecutivo  del  Estado, de  manera que el gobierno es temporal, mientras que el Estado  y  sus   instituciones  son  permanentes. El gobierno vendría a ser el medio por el cual el Estado  ejerce  su  autoridad. De   acuerdo   a   esto, se  puede  hablar  sin  problema  alguno  de un “gobierno  socialista” (Cuba,  Corea  y  China)  o  un “gobierno  nacional - socialista”  o el “gobierno militar de Pinochet”. El concepto de Estado ya lo he desarrollado  en  varios  artículos por lo que me centraré en el concepto de autoritarismo.

En   lo  que  respecta  a  la  Dictadura   esta   constituía, en  la   antigua  Roma, una  magistratura extraordinaria ejercida por un breve período de tiempo con poderes excepcionales. Actualmente, la dictadura puede definirse como un régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el  poder  en  una  persona  o en un grupo u organización y que reprime los derechos humanos y las libertades  individuales. En el caso de la dictadura cívico-militar en Chile, el 17 de junio de 1974, mediante el Decreto Ley 527, asumió Augusto Pinochet como Jefe Supremo de la Nación (cargo que mantuvo   hasta   el  17  de  diciembre  de  1974). Mediante  una modificación de dicho decreto fue nombrado Presidente de la República por los demás integrantes  de  la  Junta Militar. En el Chile de aquel  entonces  no  existía  un  Estado  de  Derecho  y  no había una verdadera independencia de los poderes  del  Estado. Como  explica  el  historiador chileno Nicolás  Ocaranza, el régimen cívico militar de Pinochet responde a la definición politológica de una dictadura moderna:

a) La concentración y el carácter absoluto del poder político.
b) La supresión de los procedimientos democráticos y su legitimidad no autorizada inicialmente por reglas constitucionales.
c) Una instauración de facto que establece la ley marcial y el estado de sitio como fundamentos del orden social.
d) El trastorno del orden político preexistente movilizando a una parte de la sociedad y sometiendo con violencia a la otra.
e) Instauración de un poder que no sufre límites jurídicos y carece de reglas claras para su propia sucesión.
f) Legitimación del orden de facto mediante una nueva constitución, lo que la convierte en una dictadura constitucional.
f) Su duración no está fijada con anticipación, pese a que se presenta como temporal, sino que depende de las vicisitudes históricas en las que se desenvuelve, convirtiéndose en una forma de gobierno “normal” y permanente.

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Si bien podemos  hablar  de  régimen o dictadura, existen historiadores, como Gabriel Salazar, que señalan   que  cuando  se  cambia  el  concepto  dictadura, que  implica  una  violación de Derechos Humanos  en Chile, por un concepto neutro como es el caso del concepto de “régimen”, entonces lo que   sucede   es   que   se   disfraza   lo   que efectivamente ocurrió en aquellos años. Por otro lado, el académico   de   la   Universidad   Católica   de  Chile, Joaquín Fermandois, afirma que el término “régimen   militar”   es   más   completo   puesto   que, para   decir   dictadura, se   debería   tener  en consideración  qué  tipos  de  dictaduras   han   habido   en   el   mundo.   Añade  Fermandois  que la palabra régimen es más adecuada puesto que el régimen de Pinochet tuvo una evolución, es decir, fue   una   dictadura   absoluta   entre   1973  y  1977, pero  posteriormente  comenzó a cambiar. Por ejemplo, a  partir   de   la   década   de   1980, existió  una  relativa  libertad  de prensa y una libertad de  discusión pública. En suma, para  Fermandois  afirmar  que  hubo  una  dictadura  de  17años no resulta ser cierto.

Democracia y Autoritarismo

¿Qué sucede en nuestro actual siglo XXI en relación al tema de los autoritarismos?  Por ejemplo, ¿en qué categoría cae el gobierno bolivariano en Venezuela? En Venezuela, el Presidente Maduro fue electo  democráticamente, existe  una   Constitución, un  ordenamiento  jurídico  y  división  de  los poderes del Estado. ¿Pero  acaso  lo anterior  basta  para  hablar de un Estado de derecho? Nótese que   digo   Estado   de   derecho   y   no   democracia. Me  explico. Se  suele  ver  en  los   titulares de   periódicos  y en las noticias en televisión que en Venezuela falta democracia, pero ¿es esto cierto? Como   ya  he argumentado en una serie de artículos sobre la democracia, esta constituye un método (de elección)   que   permite resolver pacíficamente la competencia por el poder político por parte de los partidos, que   son   aquellas   asociaciones   que   catapultan   a   los   candidatos  a la arena de la competencia política. En segundo lugar, la democracia no garantiza  ni  el Estado  de Derecho ni las libertades individuales, de manera que la tiranía no es un monopolio o patrimonio exclusivo de un   dictador  o  una  junta  militar, puesto que  también puede ser ejercida por una mayoría, como  ya  advirtió  de  Tocqueville. Como  sabrían  los  marxistas, la  dictadura  podría ser ejercida incluso por una clase social como el proletariado.  Como ya expliqué  en  otro  artículo, para Lenin la dictadura   del  proletariado no  sólo  era  legítima  como medio para derrotar a los explotadores y aplastar su resistencia, sino que también era absolutamente  necesaria  para  toda  la masa trabajadora como  única  defensa contra  la  dictadura de  la  burguesía, que ha llevado a la guerra y está gestando nuevas  contiendas. En  el  otro  espectro  ideológico  personajes  como Joseph de Maistre o Louis de Bonald también justificaban los regímenes de corte autoritarios frente a la democracia.

  Consulta Nacional de 1978:   fue un referéndum  que se llevó a cabo en Chile en 1978, durante el la dictadura cívico-militar para consultar a los ciudadanos si apoyaban o rechazaban a la legitimidad del gobierno. El si ganó con un 78,6%

Consulta Nacional de 1978:  fue un referéndum  que se llevó a cabo en Chile en 1978, durante el la dictadura cívico-militar para consultar a los ciudadanos si apoyaban o rechazaban a la legitimidad del gobierno. El si ganó con un 78,6%

De esta manera debemos vaciar la democracia de cualquier finalidad ideológica, puesto que esta ideología  puede  variar  dependiendo de quien llegue al poder por medio de la democracia. En Venezuela, más  que  una  crisis  de  la  democracia, existe  una  crisis  del Estado de Derecho y de las libertades individuales. El lector tendrá que buscar algún nombre  para  rotular  esa clase de gobierno que predomina en Venezuela. Lo que resulta esencial comprender es que el sistema democrático va más   allá   del   “gobierno  de  la  mayoría”, puesto  que  también  resulta esencial la defensa de los derechos  de  las  minorías  frente  al  poder  estatal. En síntesis, el sistema democrático requiere de la libertad   para   funcionar  de  manera  óptima, pero  la  libertad  de  las  personas  no  necesita  de la democracia para subsistir, con lo cual quiero dar a entender que los derechos y libertades individuales pueden ser puestas en jaque bajo una democracia.

El académico de Derecho Penal de la universidad Alberto Hurtado, Juan Luis Modolell, se pregunta en un artículo si acaso Venezuela constituye o no un Estado de Derecho. Al respecto escribió el autor:

“Si se entiende como Estado de Derecho el sometimiento de la actividad del Estado al derecho legítimo y previamente establecido, que suponga la existencia de un poder judicial independiente, resulta obvio que el Estado venezolano no ha sido un Estado de Derecho durante el régimen chavista”[1]. 

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señaló que en el Estado de Derecho había  muerto  en  Venezuela. José  Miguel  Vivanco,  director  de  la  División de las Américas de Human Rights Watch, escribió:

“Lo que hemos presenciado en Venezuela no es un accidente reciente ni un acontecimiento aislado. A lo largo de los años, el chavismo ha actuado de forma persistente y deliberada para debilitar los mecanismos de control y avasallar los derechos fundamentales de sus ciudadanos”[2].

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La  existencia  de  una  Constitución, de  un ordenamiento jurídico y de poderes del Estado son condiciones necesarias pero no suficientes  para el establecimiento de un Estado de derecho que respete  las  libertades  individuales. Si  lo  anterior  no fuese cierto entonces  tanto el régimen nazi como  los  regímenes  comunistas habrían sido Estados de Derecho. Regresando al caso venezolano tenemos  que, en  primer  lugar, ese régimen carece de una verdadera división e independencia de los poderes del Estado, no  existe  el  imperio de la ley, sino que el imperio de la fuerza de la elite política chavista, existe  una  extendida  corrupción  y  el  narcotráfico  se  ha  expandido sus tentáculos hasta las más altas esferas del  régimen y, por  último, la ciudadanía  ha  sido  sometidas a un férreo control político  con  ayuda  de  la inteligencia cubana. El lector podrá llamar dictadura o no a Venezuela, pero lo que es indiscutible es que en Venezuela no existe un Estado de Derecho.

Como  explica  el  Director  Centre for the Study of African Economies, Paul Collier, en su libro "Guerra en el club de la miseria. La  democracia en lugares peligrosos", una verdadera democracia no consiste sólo en celebrar elecciones periódicas, puesto que una verdadera democracia debe contar con frenos  y  contrapesos  que  limiten  el  poder   del  gobierno  una vez electo para que, de esa manera, no se aplaste a aquellas facciones que  fueron derrotadas. A  esto  añade Collier: "Si no existen límites al poder del vencedor, los comicios  se  convierten en una cuestión de vida o muerte. Y si esta lucha a vida  o muerte no está, a su vez, sometida a unas reglas, los contendientes adoptan posturas extremas. El resultado de todo ellos no es la democracia, sino lo que yo llamo dementecracia (...)".

Por  lo demás,  la  democracia   no  resulta  ser  una  suerte  de  panacea o santo grial que pueda resolver  los  conflictos  en  los  países. Collier señala  un  dato  interesante y es que en los países de renta  baja  la  democracia  hace  que  la  sociedad  sea más peligrosa. Collier señala que, en virtud de lo anterior, debe existir un nivel de renta, una suerte de umbral que estaría en torno a los USD 2.700 o  USD 7 por cabeza diario. De acuerdo a esto,  a medida que una sociedad NO democrática se hace más  rica, esta  será  más  propensa  a sufrir violencia política, de manera que para algunos dictadores no  resultaría  positivo  subir   el  nivel   de  renta  per  capital  de  los  ciudadanos. Otras dificultades para  el  establecimiento  de  la  democracia  puede obedecer a otros factores como la heterogeneidad de  la población  desde   un   punto  de  vista   étnico,  cultural,  religioso e incluso su geografía. Esto último explica  la  imposibilidad  de establecer una democracia liberal en países como Afganistán o Pakistán. 

También   esta  el   caso  de   las "demodictaduras"  como   la  "Presidente"   de   Zimbabue:  Robert Mugabe. Como  explica Collier, en  1990   Mugabe   aceptó   la   existencia de una Constitución que estipulaba  la  celebración  de  elecciones multipartidistas e imponía límites temporales al ejercicio de las legislaturas. El  problema, continúa explicando Collier, es que el paso del tiempo y la llegada de la fecha límite se transformó en una bomba  de relojería. Algunos de estos gobernantes habían aceptado tales  reglas  del juego pensando que en el transcurso de este lograrían modificar la Constitución para perpetuarse  en  el  poder.. .y   así  resultó ser en Zimbabue. En el caso de Mugabe, decidió modificar la  Constitución  para  poder  eliminar  el  límite   temporal  de los mandatos y fortalecer los poderes presidenciales. El  problema,  como  apunta  Collier, es  que  necesitaba llevar a cabo previamente un referéndum que terminó perdiendo. Añade Collier:

"Mugabe  vio  que  había   perdido  el  referéndum  sobre  el  límite  de  mandatos  presidenciales, y supo, por  tanto, que  también  perdería  las  siguientes elecciones, se dispuso a desmantelar el Estado de derecho,  empezando  por  obligar al presidente del Tribunal Supremo a jubilarse anticipadamente para  sustituirlo  por  un  títere. A  medida  que el imperio de la ley se desintegraba, fueron surgiendo oportunidades   para   escamotear  rentas  a  costa  del  erario, y  Mugabe,  como  era  de  esperar, las aprovechó:  primero  ignoró  los  derechos  de  propiedad  y, finalmente,  recurrió a la hiperinflación. En  otras  palabras, el  Gobierno, para utilizar las opciones electorales ilegítimas, necesita eliminar los frenos y contrapesos y, en ausencia de estos, es muy probable que se deterioren las demás políticas".

Manipular  el concepto de democracia y utilizar como fachada para legitimar el ansia de mantener el poder  ya  se  ha  vuelto  moneda  común  y lo vemos en personajes latinoamericanos como Hugo Chávez, Evo Morales, Álvaro  García Linera,  Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Estos personajes no esconden  su  desmesurada  ansia de mantenerse en su zona de confort y para ello utilizarán todos los medios a su alcance: asambleas  constituyentes,  ideologización de las fuerzas armadas y de orden por medio de reestructuraciones internas y prenbendas, compra  al  por  menor o al por mayor de votos, intimidación  política,  soborno, utilizar  chivos  expiatorio,  exclusión  de  rivales "peligrosos", etc.

Se  podría  decir  que en  Venezuela   existe  un  Estado   de   derecho   desde   un  punto de vista jurídico,  es  decir,  existen  leyes  que  deben  ser  obedecidas,  un  aspecto  que  existió  tanto  en la Unión Soviética, en  la   Rumania  comunista  de  los Ceaucescu  y  en  Corea  del  Norte. En  suma  habría, como  señala  Enrique  Ghersi,  un  Estado  de  legalidad (no  de  Derecho)  Pero sucede que  el  gobierno  bolivariano  carece  de  legitimidad política, puesto que no cuenta con el apoyo mayoritario  de  la  población  y,  peor  aún, no  respeta  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos Humanos  y  tampoco  cumple  las  normas  del  Derecho  Internacional  estipuladas  en  la Carta de las Naciones Unidas.

Es   el   Estado   el   que   ejerce   una  violencia  arbitraria   contra   aquellas personas  que  considere (arbitrariamente)   como   opositores   al   régimen. Pero  considerando   este   punto – la legitimidad política -  tenemos, pues, que  el  gobierno bolivariano también carecería de legitimidad jurídica al borrar  de  un  plumazo  el  poder  legislativo y llevar a cabo un proceso constituyente ilegítimo. El  mismo  Nicolás  Maduro  señaló  que  el  Poder Legislativo en Venezuela había dejado de existir y que no ejercía ningún tipo de influencia  política, económica y social. En suma, Hans Kelsen estaba equivocado  al  señalar  que  todo  Estado  era  un  Estado  de Derecho, puesto que tal afirmación separaba la ética del Derecho y, por ende, justificaba cualquier régimen totalitario que se hiciera con el poder.

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Desde  un  punto  de  vista  moral  el  régimen  carece  también  de  legitimidad puesto que tiene a la  mayor  parte  de  la  población   viviendo en condiciones miserables, haciendo colas para comprar alimentos  ( o  comprarlos  en  países  fronterizos) y completamente desprotegidos de la delincuencia desatada  e  incontrolada.  Además,  la  política  monetaria  irresponsable   del   Banco  Central se ha traducido  en  una hiperinflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo del bolívar. En otras palabras,  el  gobierno  ha  introducido  un  impuesto  camuflado  a  la  población  al  robarle  poder adquisitivo  a los ciudadanos por medio de una política monetaria expansionista.

Tenemos,  entonces,  que  el  argumento  de  que  Venezuela  es  una  democracia por el hecho de que  Nicolás  Maduro  fue  electo  democráticamente  carece de cualquier relevancia si el mismo Maduro  comienza  a violar la ley y a destruir el Estado de Derecho. En segundo lugar, lo que nos debe  preocupar  no  es  tanto un déficit de democracia sino que la ausencia de un Estado de derecho que garantices la seguridad  de  las personas ante el poder del Estado y que no garantice las libertades individuales.

Con  esto  quiero  señalar  que  el  hecho  de  que  un  gobernante  sea  electo  por  una mayoría, no  significa   que  se  vuelva  inmune  a  la crítica  de  sus  acciones y menos aún que NO exista la posibilidad de removerlo del poder. Esto era algo que tenía claro el padre Juan de Mariana, John Locke  y  los  Padres  fundadores  de Estados Unidos, para quienes tenían claro que el tiranicidio o la deposición  del  gobernante  se transformaba en un derecho o, más bien, un deber, si quien manejaba las  riendas  del  poder  no  lo  hacían  por  el  bien  de  la  ciudadanía o, peor aún, utilizaba el poder del Estado para someter a la población.

Parece,  por  lo  tanto,  que  el  régimen  de  Venezuela  pareciera  estar  en  un limbo conceptual puesto  que   algunos   lo  denominan  sin  tapujos  como  una dictadura  y  otros se niegan a utilizar tal  concepto   y  recurren  a  otros  conceptos  como  una  “democracia  en crisis”. Pero  como  bien señala  Andreas Schedler, cuando  conceptualizamos regímenes no democráticos como instancias de democracia,  entonces  caemos en la trampa metodológica del “estiramiento conceptual”, es decir, estiramos  y  tensamos  el  significado  moderno  de  democracia hasta transformarlo en un concepto irreconocible.

Para intentar dar respuesta a este problema que nos plantea el caso venezolano, me remitiré en primer  lugar  a  entender  el  concepto  de  regímenes  autoritarios para   posteriormente  hacer una breve alusión a las ideas de la obra de Andreas Schedler: “La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios.

Fin parte 1

 

[1] http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/07/02/es-venezuela-un-estado-de-derecho/

[2] http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/venezuela-derecho-jose-miguel-vivanco-412071