(I) Breve reflexión sobre los viejos y nuevos autoritarismos (por Jan Doxrud)

(I) Breve reflexión sobre los viejos y nuevos autoritarismos (por Jan Doxrud)

Gobierno, régimen, Dictadura…¿qué sentido tienen estos conceptos en el siglo XXI? El concepto de "gobierno" tiene los siguientes significados de acuerdo al DLE:

A) Acción y efecto de gobernar o gobernarse.

B) Órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros.

En la Grecia clásica tenemos queGobierno = régimen político = cargos públicos y quienes los ejercen, de manera que Gobierno = Poder Ejecutivo = Presidente  y  Ministros.  Así, el gobierno es el que se encarga  del  poder  ejecutivo  del  Estado, de  manera que el gobierno es temporal, mientras que el Estado  y  sus   instituciones  son  permanentes. El gobierno vendría a ser el medio por el cual el Estado  ejerce  su  autoridad. De   acuerdo   a   esto, se  puede  hablar  sin  problema  alguno  de un “gobierno  socialista” (Cuba,  Corea  y  China)  o  un “gobierno  nacional - socialista”  o el “gobierno militar de Pinochet”. El concepto de Estado ya lo he desarrollado  en  varios  artículos por lo que me centraré en el concepto de autoritarismo.

En   lo  que  respecta  a  la  Dictadura   esta   constituía, en  la   antigua  Roma, una  magistratura extraordinaria ejercida por un breve período de tiempo con poderes excepcionales. Actualmente, la dictadura puede definirse como un régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el  poder  en  una  persona  o en un grupo u organización y que reprime los derechos humanos y las libertades  individuales. En el caso de la dictadura cívico-militar en Chile, el 17 de junio de 1974, mediante el Decreto Ley 527, asumió Augusto Pinochet como Jefe Supremo de la Nación (cargo que mantuvo   hasta   el  17  de  diciembre  de  1974). Mediante  una modificación de dicho decreto fue nombrado Presidente de la República por los demás integrantes  de  la  Junta Militar. En el Chile de aquel  entonces  no  existía  un  Estado  de  Derecho  y  no había una verdadera independencia de los poderes  del  Estado. Como  explica  el  historiador chileno, Nicolás  Ocaranza, el régimen cívico militar de Pinochet responde a la definición politológica de una dictadura moderna:

a) La concentración y el carácter absoluto del poder político.
b) La supresión de los procedimientos democráticos y su legitimidad no autorizada inicialmente por reglas constitucionales.
c) Una instauración de facto que establece la ley marcial y el estado de sitio como fundamentos del orden social.
d) El trastorno del orden político preexistente movilizando a una parte de la sociedad y sometiendo con violencia a la otra.
e) Instauración de un poder que no sufre límites jurídicos y carece de reglas claras para su propia sucesión.
f) Legitimación del orden de facto mediante una nueva constitución, lo que la convierte en una dictadura constitucional.
f) Su duración no está fijada con anticipación, pese a que se presenta como temporal, sino que depende de las vicisitudes históricas en las que se desenvuelve, convirtiéndose en una forma de gobierno “normal” y permanente.

Dictadores.jpg

Si bien podemos  hablar  de  régimen o dictadura, existen historiadores, como Gabriel Salazar, que señalan   que  cuando  se  cambia  el  concepto  dictadura, que  implica  una  violación de Derechos Humanos  en Chile, por un concepto neutro como es el caso del concepto de “régimen”, entonces lo que   sucede   es   que   se   disfraza   lo   que efectivamente ocurrió en aquellos años. Por otro lado, el académico   de   la   Universidad   Católica   de  Chile, Joaquín Fermandois, afirma que el término “régimen   militar”   es   más   completo   puesto   que, para   decir   dictadura, se   debería   tener  en consideración  qué  tipos  de  dictaduras   han   habido   en   el   mundo.   Añade  Fermandois  que la palabra régimen es más adecuada puesto que el régimen de Pinochet tuvo una evolución, es decir, fue   una   dictadura   absoluta   entre   1973  y  1977, pero  posteriormente  comenzó a cambiar. Por ejemplo, a  partir   de   la   década   de   1980, existió  una  relativa  libertad  de prensa y una libertad de  discusión pública. En suma, para  Fermandois  afirmar  que  hubo  una  dictadura  de  17años no resulta ser cierto.

¿Qué sucede en nuestro actual siglo XXI en relación al tema de los autoritarismos?  Por ejemplo, ¿en qué categoría cae el gobierno bolivariano en Venezuela? En Venezuela, el Presidente Maduro fue electo  democráticamente, existe  una   Constitución, un  ordenamiento  jurídico  y  división  de  los poderes del Estado. ¿Pero  acaso  lo anterior  basta  para  hablar de un Estado de derecho? Nótese que   digo   Estado   de   derecho   y   no   democracia. Me  explico. Se  suele  ver  en  los   titulares de   periódicos  y en las noticias en televisión que en Venezuela falta democracia, pero ¿es esto cierto? Como   ya  he argumentado en una serie de artículos sobre la democracia, esta constituye un método (de elección)   que   permite resolver pacíficamente la competencia por el poder político por parte de los partidos, que   son   aquellas   asociaciones   que   catapultan   a   los   candidatos  a la arena de la competencia política. En segundo lugar, la democracia no garantiza  ni  el Estado  de Derecho ni las libertades individuales, de manera que la tiranía no es un monopolio o patrimonio exclusivo de un   dictador  o  una  junta  militar, puesto que  también puede ser ejercida por una mayoría, como  ya  advirtió  de  Tocqueville. Como  sabrían  los  marxistas, la  dictadura  podría ser ejercida incluso por una clase social como el proletariado.  Como ya expliqué  en  otro  artículo, para Lenin la dictadura   del  proletariado no  sólo  era  legítima  como medio para derrotar a los explotadores y aplastar su resistencia, sino que también era absolutamente  necesaria  para  toda  la masa trabajadora como  única  defensa contra  la  dictadura de  la  burguesía, que ha llevado a la guerra y está gestando nuevas  contiendas. En  el  otro  espectro  ideológico  personajes  como Joseph de Maistre o Louis de Bonald también justificaban los regímenes de corte autoritarios frente a la democracia.

Consulta Nacional de 1978:  fue un referéndum  que sellevó a caboen Chile en 1978, durante el la dictadura cívico-militar para consultar a los ciudadanos si apoyaban o rechazaban a la legitimidad del gobierno. El si ganó con un 78,6%

Consulta Nacional de 1978:  fue un referéndum  que sellevó a caboen Chile en 1978, durante el la dictadura cívico-militar para consultar a los ciudadanos si apoyaban o rechazaban a la legitimidad del gobierno. El si ganó con un 78,6%

De esta manera debemos vaciar la democracia de cualquier finalidad ideológica, puesto que esta ideología  puede  variar  dependiendo de quien llegue al poder por medio de la democracia. En Venezuela, más  que  una  crisis  de  la  democracia, existe  una  crisis  del Estado de Derecho y de las libertades individuales. El lector tendrá que buscar algún nombre  para  rotular  esa clase de gobierno que predomina en Venezuela. Lo que resulta esencial comprender es que el sistema democrático va más   allá   del   “gobierno  de  la  mayoría”, puesto  que  también  resulta esencial la defensa de los derechos  de  las  minorías  frente  al  poder  estatal. En síntesis, el sistema democrático requiere de la libertad   para   funcionar  de  manera  óptima, pero  la  libertad  de  las  personas  no  necesita  de la democracia para subsistir, con lo cual quiero dar a entender que los derechos y libertades individuales pueden ser puestas en jaque bajo una democracia.

El académico de Derecho Penal de la universidad Alberto Hurtado, Juan Luis Modolell, se pregunta en un artículo si acaso Venezuela constituye o no un Estado de Derecho. Al respecto escribió el autor:

“Si se entiende como Estado de Derecho el sometimiento de la actividad del Estado al derecho legítimo y previamente establecido, que suponga la existencia de un poder judicial independiente, resulta obvio que el Estado venezolano no ha sido un Estado de Derecho durante el régimen chavista”[1]. 

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señaló que en el Estado de Derecho había muerto en Venezuela. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, escribió:

“Lo que hemos presenciado en Venezuela no es un accidente reciente ni un acontecimiento aislado. A lo largo de los años, el chavismo ha actuado de forma persistente y deliberada para debilitar los mecanismos de control y avasallar los derechos fundamentales de sus ciudadanos”[2].

Captura de pantalla 2017-09-15 a la(s) 17.50.24.png

La existencia de una Constitución, de un ordenamiento jurídico y de poderes del Estado son condiciones necesarias pero no suficientes para el establecimiento de un Estado de derecho que respete las libertades individuales. Si lo anterior no fuese cierto entonces  tanto el régimen nazi como los regímenes comunistas habrían sido Estados de Derecho. Regresando al caso venezolano tenemos que, en primer lugar, ese régimen carece de una verdadera división e independencia de los poderes del Estado, no existe el imperio de la ley, sino que el imperio de la fuerza de la elite política chavista, existe una extendida corrupción y el narcotráfico se ha expandido sus tentáculos hasta las más altas esferas del régimen y, por último, la ciudadanía ha sido sometidas a un férreo control político con ayuda de la inteligencia cubana. El lector podrá llamar dictadura o no a Venezuela, pero lo que es indiscutible es que en Venezuela no existe un Estado de Derecho.

Se podría decir que en Venezuela existe un Estado de derecho desde un punto de vista jurídico, es decir, existen leyes que deben ser obedecidas, un aspecto que existió tanto en la Unión Soviética, en la   Rumania  comunista  de  lo s Ceaucescu  y  en  Corea  del  Norte. Pero sucede que el gobierno bolivariano carece de legitimidad política, puesto que no cuenta con el apoyo mayoritario de la población y,  peor  aún, no  respeta  la  Declaración Universal de los Derechos Humanos y tampoco cumple las normas del Derecho Internacional estipuladas en la Carta de las Naciones Unidas. Es el Estado el que ejerce una violencia arbitraria contra aquellas personas que considere (arbitrariamente) como opositores al régimen. Pero considerando este punto – la legitimidad política- tenemos, pues, que el gobierno bolivariano también carecería de legitimidad jurídica al borrar de un plumazo el poder legislativo y llevar a cabo un proceso constituyente ilegítimo. El mismo Nicolás Maduro señaló que el Poder Legislativo en Venezuela había dejado de existir y que no ejercía ningún tipo de influencia política, económica y social. En suma, Hans Kelsen estaba equivocado al señalar que todo Estado era un Estado de Derecho, puesto que tal afirmación separaba la ética del Derecho y, por ende, justificaba cualquier régimen totalitario que se hiciera con el poder.

Captura de pantalla 2017-09-15 a la(s) 17.53.19.png

Desde un punto de vista moral el régimen carece también de legitimidad puesto que tiene a la mayor parte de la población viviendo en condiciones miserables, haciendo colas para comprar alimentos (o comprarlos en países fronterizos) y completamente desprotegidos de la delincuencia desatada e incontrolada. Además, la política monetaria irresponsable del Banco Central se ha traducido en una hiperinflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo del bolívar. En otras palabras, el gobierno ha introducido un impuesto camuflado a la población al robarle poder adquisitivo a los ciudadanos por medio de una política monetaria expansionista.

Tenemos, entonces, que el argumento de que Venezuela es una democracia por el hecho de que Nicolás Maduro fue electo democráticamente carece de cualquier relevancia si el mismo Maduro comienza a violar la ley y a destruir el Estado de Derecho. En segundo lugar, lo que nos debe preocupar no es tanto un déficit de democracia sino que la ausencia de un Estado de derecho que garantices la seguridad de las personas ante el poder del Estado y que no garantice las libertades individuales.

Con esto quiero señalar que el hecho de que un gobernante sea electo por una mayoría, no significa que se vuelva inmune a la crítica de sus acciones y menos aún que NO exista la posibilidad de removerlo del poder. Esto era algo que tenía claro el padre Juan de Mariana, John Locke y los Padres fundadores de Estados Unidos, para quienes tenían claro que el tiranicidio o la deposición del gobernante se transformaba en un derecho o, más bien, un deber, si quien manejaba las riendas del poder no lo hacían por el bien de la ciudadanía o, peor aún, utilizaba el poder del Estado para someter a la población.

Parece, por lo tanto, que el régimen de Venezuela pareciera estar en un limbo conceptual puesto que algunos lo denominan sin tapujos como una dictadura y otros se niegan a utilizar tal concepto y recurren a otros conceptos como una “democracia en crisis”. Pero como bien señala Andreas Schedler, cuando conceptualizamos regímenes no democráticos como instancias de democracia, entonces caemos en la trampa metodológica del “estiramiento conceptual”, es decir, estiramos y tensamos el significado moderno de democracia hasta transformarlo en un concepto irreconocible.

Para intentar dar respuesta a este problema que nos plantea el caso venezolano, me remitiré en primer lugar a entender el concepto de regímenes autoritarios para posteriormente hacer una breve alusión a las ideas de la obra de Andreas Schedler: “La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios.

Fin parte 1

 

[1] http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/07/02/es-venezuela-un-estado-de-derecho/

 

[2] http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/venezuela-derecho-jose-miguel-vivanco-412071